Los productores españoles de frutas y hortalizas están indignados con el trato de favor que el Gobierno de la Unión Europea tiene con Marruecos. Tras un beneficioso acuerdo de asociación agrícola firmado recientemente con el país magrebí, por el cual se le permite aumentar sus cupos de exportación a la Unión de frutas y hortalizas, la aparición en varios supermercados de Suecia de unas partidas de tomates tratados con un fungicida prohibido desde hace años por Bruselas, es la gota que colma el vaso. Partidas de tomates marroquíes, tratados con procimidona, fueron detectados hace unos días en supermercado suecos.
Hace unos días, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) publicó una alerta sanitaria europea, al detectarse unos lotes de tomate tratados con procimidona, un fungicida cuyo uso está prohibido desde hace años en el cultivo del tomate en suelo comunitario. Las asociaciones agrícolas se quejan de la clara discriminación que tienen que soportar los agricultores comunitarios frente a los de terceros países, que no están sometidos a la legislación comunitaria. Concretamente, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) considera imprescindible que se incorpore al Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Marruecos la obligatoriedad cumplir la normativa de la UE en materia de fitosanitarios. Para Fepex, es necesario que se aplique el concepto de reciprocidad respecto a a las condiciones de producción de terceros países, «en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales, siendo imprescindible incluir esta cuestión en el acuerdo con marruecos». Aseguran desde esta organización que, de lo contrario, supondrá «una discriminación para los productores españoles» en el mercado comunitario.
Desde la organización Proexport se insta a las autoridades comunitarias a redoblar «los controles en los puntos de entrada, asegura su presidente Juan Martín Bravo, quien criticó la posición de desventaja a la que se enfrentan «los productores comunitarios frente a sus homólogos extracomunitarios que sí pueden utilizar ciertas sustancias para producir sus frutas y hortalizas, comercializando después estos productos en la UE».
Fuente: EL PAIS
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